La conducción de la CGT quedó en el centro de una tormenta inesperada: empleados de medios pertenecientes al Grupo Octubre cuestionan prácticas laborales y piden un gesto político. El eje del reclamo apunta a Víctor Santa María, máximo referente del conglomerado y a la vez integrante del Consejo Directivo de la central obrera. La combinación de roles empresariales y gremiales es el nudo del problema.
El episodio quedó formalizado el 23 de septiembre, cuando se presentó una carta abierta ante el Consejo Directivo Nacional de la CGT. El texto exige la renuncia de Santa María por presuntas “malas prácticas empresariales”.
¿Quiénes impulsan el reclamo?
La presentación fue motorizada por cinco sindicatos con representación en medios y comunicaciones:
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SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)
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SUTEP (Trabajadores del Espectáculo Público)
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SALCo (Locutores y Comunicadores)
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SATSAID (Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos)
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AATraC (Trabajadores de las Comunicaciones)
Según detallan, los trabajadores de televisión y prensa de diferentes empresas del Grupo describen una situación “alarmante”. La queja abarca Canal 9, Página/12, IP Noticias, AM 750, Radio Continental y las FM del conglomerado (Aspen, Blackie y Los 40).
¿Cuáles son las prácticas cuestionadas?
Los denunciantes enumeran un patrón que, aseguran, se repite en las distintas compañías. Entre los puntos más sensibles, mencionan:
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Persecución sindical.
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Desconocimiento de aumentos paritarios.
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Incumplimientos de convenios colectivos.
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Atrasos en el pago de salarios y aguinaldos.
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Contrataciones bajo monotributo para tareas de relación de dependencia (lo califican como fraude laboral).
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Vaciamiento de áreas y tercerizaciones de funciones medulares.
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Retiros voluntarios y despidos.
El texto subraya una paradoja: no solo ponen en cuestión decisiones empresariales sino quién las adopta. Resaltan que el presunto incumplidor ocupa un cargo directivo en la CGT, lo que (a su entender) deslegitima la representación de los trabajadores.
¿Qué señalan caso por caso?
IP Noticias y Canal 9: ¿fraude laboral y vaciamiento?
En IP Noticias, los firmantes describen la falta de pago de incrementos salariales acordados y el uso de monotributistas para tareas típicas de televisión, como si fuesen proveedores externos.
Para Canal 9, se denuncia un vaciamiento del área de promociones, con retiros voluntarios y despidos. Esas funciones, sostienen, habrían sido tercerizadas en una agencia “fantasma” que (según la carta) tampoco cumpliría la normativa laboral.
Página/12, AM 750, Continental y Los 40: división de plantas y fragmentación de pagos
En Página/12, la queja se centra en la segmentación de la planta bajo distintas razones sociales. El método, afirman, permitiría eludir derechos y atomizar la representación.
En AM 750, denuncian que no se respetan los convenios específicos de la actividad.
A Radio Continental y Los 40 les atribuyen pagos de salarios fraccionados y la acumulación de deudas con el personal.
¿Hay un trasfondo inmobiliario en el caso de Canal 9?
Un tramo de la carta sugiere que el proceso de reducción de Canal 9 podría estar vinculado a un negocio inmobiliario. La hipótesis se apoya en el valor estratégico de los terrenos donde opera el canal. No ofrecen pruebas documentales en el texto compartido, pero consideran “sospechoso” que la merma del canal no guarde relación con una reconversión empresarial y sí con una eventual valorización del inmueble.
¿Qué impacto ven en la negociación colectiva?
Los gremios advierten que el denominador común entre las empresas del grupo sería el incumplimiento de paritarias. Bajo su mirada, esa práctica erosiona el modelo de negociación colectiva y lo alinearía con una agenda de reforma laboral que ven avanzar en el país. Por ello, invitan a las autoridades a verificar in situ las condiciones de trabajo y la situación salarial, con el fin de constatar lo que señalan en la misiva.
¿Qué piden exactamente?
El pedido es concreto: la renuncia de Víctor Santa María al Consejo Directivo Nacional de la CGT. Los firmantes argumentan que un empresario que (según sus palabras textuales) “explota trabajadores” no puede convivir con la misión de una central obrera que debe defender derechos y ordenar la negociación. El objetivo declarado es “estar a la altura del momento histórico” y “difundir la situación” entre más trabajadores.
¿Por qué este caso trasciende a un conflicto interno?
Porque pone sobre la mesa dos planos superpuestos:
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La gestión empresarial de medios relevantes en TV, radio y prensa.
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La conducción sindical dentro de la CGT, piedra angular del sistema de relaciones laborales.
El choque de roles (empresario y dirigente gremial) facilita señalamientos de conflicto de interés. Incluso si algunas prácticas estuvieran ajustadas a derecho, el umbral de escrutinio aumenta cuando el decisor tiene responsabilidades en una central obrera.
¿Qué caminos de salida se vislumbran?
Una resolución sostenible suele incluir:
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Auditoría independiente sobre cumplimientos paritarios, convenios y modalidades de contratación.
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Mesa de diálogo con mediación estatal o sindical, con plazos y actas verificables.
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Plan de regularización salarial y contractual, con cronograma de pagos y pase a relación de dependencia donde corresponda.
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Revisión de tercerizaciones y protocolos para evitar vaciamientos.
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Compromisos de transparencia sobre el futuro operativo de cada medio.
¿Qué está en juego para la CGT?
El capital simbólico de la CGT descansa en su capacidad de representar y proteger a los trabajadores. Si se normalizan prácticas que los sindicatos denuncian como lesivas, la central se arriesga a erosionar su autoridad moral y su poder de negociación. Por eso, aun cuando la responsabilidad final deba probarse, el gesto político que reclaman (la renuncia) apunta a blindar la imagen institucional de la central.
Conclusión final
La carta del 23 de septiembre cristaliza una tensión estructural. Cuando la gestión empresarial y la conducción sindical convergen en una misma figura, cualquier desacople laboral deviene en crisis política. Los sindicatos firmantes acusan incumplimientos que afectan salarios, derechos y organización del trabajo. También siembran dudas sobre el futuro de Canal 9 por la hipótesis inmobiliaria.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
