En el ámbito legislativo porteño, surgió un debate relacionado con el costo y la frecuencia de las capacitaciones obligatorias para encargados de edificios. Recientemente, Matías Barroetaveña, legislador de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que busca que los consorcios abonen el curso del SERACARH cada año en lugar de cada dos años, como establece la normativa actual.
Esta iniciativa ha provocado diversas reacciones, dado su impacto económico sobre los consorcistas y las interrogantes acerca de la pertinencia de modificar un esquema que fue ajustado hace relativamente poco tiempo.
El impacto económico en cifras
Si esta propuesta se implementara, los consorcios de propietarios tendrían que afrontar un gasto anual significativo. Solo en 2024, el monto destinado a este curso por parte de los consorcistas superaría los 1.500 millones de pesos, equivalente a casi 1,8 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Este aumento en la frecuencia de pago genera preocupación, especialmente en un contexto de inflación y restricciones económicas. Muchos se preguntan si la capacitación anual ofrecería un valor adicional que justifique el incremento en los costos.
El argumento del legislador
El proyecto se basa en la necesidad de fortalecer la preparación de los encargados de edificios en temas relacionados con el manejo de residuos sólidos urbanos. Según Barroetaveña, las capacitaciones regulares permiten que los encargados estén mejor equipados para abordar problemáticas contemporáneas en la gestión de residuos.
Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada. Diversos sectores señalan que la separación inicial de residuos es una tarea que recae principalmente en los habitantes de las viviendas, quienes deben clasificar la basura en bolsas negras o verdes. Por lo tanto, el papel del encargado se limita al cumplimiento de procedimientos establecidos, como disponer las bolsas en los contenedores adecuados, lo que resta peso al argumento de la necesidad de capacitaciones anuales.
El monopolio detrás del SERACARH
Una de las críticas más frecuentes hacia esta propuesta radica en el monopolio que posee el SERACARH en la impartición de estas capacitaciones. La Ley 4803 establece que solo una institución especializada, reconocida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, puede dictar este curso. Esta exclusividad ha generado cuestionamientos sobre la falta de opciones alternativas para los consorcios y los trabajadores.
El SERACARH está integrado por tres entidades de administradores (AIERH, CAPHyAI y UADI) y la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), quienes además tienen participación en las negociaciones paritarias del sector, lo que agrava las críticas sobre posibles conflictos de interés.
¿Por qué reducir la frecuencia fue necesario?
En 2018, la Legislatura porteña aprobó una modificación a la Ley 4803 que redujo la frecuencia del curso de capacitación del SERACARH de una vez al año a una vez cada dos años. El cambio estuvo fundamentado en varios argumentos:
- La experiencia acumulada demostró que los contenidos impartidos no variaban sustancialmente entre años, lo que generaba gastos injustificados para los consorcios.
- Se destacó la necesidad de implementar capacitaciones más prácticas, relevantes y menos reiterativas.
- Reducir la periodicidad se percibió como una medida para aliviar los costos excesivos que enfrentan los propietarios.
Esta normativa fue recibida positivamente en su momento, ya que equilibraba la necesidad de formación con la realidad económica del sector.
Conclusión
La propuesta de Matías Barroetaveña de retomar la obligatoriedad anual del curso del SERACARH reabre un debate complejo que involucra factores económicos, sociales y laborales. Mientras algunos consideran que la medida contribuiría a una mejor preparación de los encargados, otros ven en ella una carga económica innecesaria y una posible consolidación de privilegios monopólicos.
La discusión legislativa será crucial para determinar si esta iniciativa responde verdaderamente a las necesidades del sector o si representa un retroceso frente a las mejoras implementadas previamente.
