En el arranque de 2026, muchos consorcios se encontraron con un ajuste que no llegó primero por un comunicado de prensa ni por un anuncio en redes, sino por la vía más concreta: el sistema donde se controlan aportes y contribuciones. Allí apareció un nuevo valor que altera el gasto mensual por cada empleado bajo convenio en propiedad horizontal.
El dato es simple y contundente: la contribución solidaria que se paga por trabajador pasó a ser de $40.000 mensuales, cuando hasta entonces era de $28.040. La actualización apareció ayer 5 de enero en el Sistema de Control de Aportes y Contribuciones en la Propiedad Horizontal (SiCayC) que controla la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH).
¿Qué es la contribución solidaria y por qué importa tanto?
A diferencia de otros componentes del costo laboral que se discuten en términos más conocidos (salarios, adicionales, cargas sociales), la contribución solidaria suele instalarse como un ítem “fijo” por trabajador, que se vuelve especialmente sensible cuando se lo multiplica por miles de puestos en todo el país.
Para un consorcio, ese monto puede parecer una cifra más dentro del presupuesto. Pero, en agregado, es un engranaje que mueve números muy grandes. Afecta el gasto mensual de edificios con personal en relación de dependencia y también incrementa el volumen total recaudado por este esquema.
¿Cuál sería el origen del aumento y qué acuerdo lo habría habilitado?
El incremento no se presenta como un movimiento aislado. Según la reconstrucción del texto, la suba surgiría de un entendimiento entre Víctor Santa María y los titulares de las tres entidades de administradores que participan de las negociaciones paritarias en representación de los consorcios.
La pista principal apunta a un acuerdo anunciado el 30 de diciembre, que todavía no se hizo público. Ese entendimiento habría incluido una pauta de mejoras salariales escalonadas:
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2% en enero
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1,8% en febrero
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1,7% en marzo
Además, se habría sumado un bono total de $120.000, pagadero en forma proporcional para cada uno de esos meses. En ese marco, la actualización de la contribución solidaria podría haber quedado incorporada como parte del “paquete” de la negociación.
¿Por qué se interpreta que esto no es un ajuste automático?
Hay un antecedente que cambia la lectura. En un acuerdo fechado el 25 de febrero de 2025, la contribución solidaria habría quedado atada a la evolución de las escalas salariales. Eso, en teoría, implica un mecanismo de seguimiento: si suben las escalas, el aporte debería acompañar.
Entonces, ¿por qué el aumento de enero se lee como algo que responde a un nuevo acuerdo? Porque el salto al valor redondo de $40.000 sugiere una definición explícita, más cercana a una decisión paritaria puntual que a un ajuste “por arrastre” del salario. Es decir, incluso si había una regla de actualización, la magnitud y la forma del cambio apuntan a una renegociación.
¿Qué dijeron CAPHAI, AIERH y UADI?
Las entidades que suelen aparecer firmando o difundiendo los acuerdos para el sector no emitieron comunicados oficiales sobre este punto ni sobre el último tramo paritario mencionado. La lista incluye:
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CAPHAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias)
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AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal)
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UADI (Unión Administradores de Inmuebles)
La falta de información pública no impide que el cambio se aplique (porque el valor figura en el sistema), pero sí complica la trazabilidad. Administradores y consorcios quedan con un “dato operativo” sin un respaldo documental fácilmente accesible que detalle condiciones, fechas y alcances.
¿Cuánto dinero más mueve el sistema con este cambio?
Con el nuevo valor por trabajador, el conjunto de consorcios con empleados registrados pasaría de pagar un promedio mensual de alrededor de USD 774.000 a más de USD 1.000.000.
En moneda local, eso equivaldría a saltar desde $974 millones a $1.574 millones por mes.
Conclusión
La actualización a $40.000 reordena un componente clave del costo laboral en consorcios y empuja hacia arriba la recaudación total estimada del sistema. El dato aparece implementado en el SiCayC, pero la falta de difusión pública por parte de las entidades que representan a administradores deja una zona gris. El cambio se vuelve real en la práctica antes de volverse transparente en lo formal.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
