El cierre de 2024 trajo consigo novedades en las escalas salariales de los consorcios de propietarios. Un reciente acuerdo entre las entidades que representan a los administradores y la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERyH) fijó aumentos del 1,8% para enero y del 1,5% para febrero de 2025. Aunque estas actualizaciones reflejan un avance en las negociaciones, su implementación depende de la homologación oficial, la cual aún no ha sido confirmada.
Los detalles del convenio firmado
El entendimiento entre las partes establece que el incremento de enero debe calcularse sobre la escala salarial vigente en diciembre, mientras que el de febrero tomará como referencia los valores actualizados de enero. Además, se anticipa una reunión en febrero para discutir una posible recomposición salarial aplicable a los meses siguientes.
El contexto de las escalas previas
Para comprender el panorama actual, es importante recordar los acuerdos firmados en octubre de 2024, cuando se definieron incrementos del 3,8% para octubre y 3,5% para noviembre. No obstante, estos ajustes nunca obtuvieron homologación oficial, lo que los dejó en un estado de incertidumbre legal.
A pesar de esto, las nuevas escalas para enero de 2025 fueron calculadas incluyendo los incrementos no homologados de octubre y noviembre. Este movimiento ha generado controversia, ya que podría interpretarse como una manera de evitar la falta de validación oficial, aplicando directamente las cifras acordadas sin una resolución ministerial que las respalde.
Incluso en el acta del reciente acuerdo, se menciona que los ajustes de octubre tienen vigencia hasta diciembre de 2024, omitiendo el hecho de que estas cifras no fueron formalmente aprobadas. Este detalle añade un matiz de complejidad al cálculo de las escalas salariales actuales.
Errores detectados en los cálculos
Otro punto que ha despertado preocupación es la presencia de errores significativos en las cifras presentadas para homologación. En particular, la categoría de “Intendente” muestra inconsistencias que afectan las cuatro subcategorías del puesto: en enero, los valores calculados exceden en $41.386,80, mientras que en febrero presentan un déficit de $42.008. Estas discrepancias generan dudas sobre la precisión de los ajustes y complican aún más el proceso de homologación.
Posibles implicancias del acuerdo
Si el Ministerio de Trabajo aprueba el convenio, los ajustes salariales de octubre y noviembre, hasta ahora no homologados, quedarían regularizados automáticamente. Esto también implicaría que las escalas de enero y febrero sean válidas con todos los aumentos acumulados, lo que simplificaría la situación para muchos consorcios.
Por otro lado, la falta de homologación previa podría eximir a los consorcios que no aplicaron los incrementos de octubre y noviembre de cualquier obligación retroactiva. Esto incluiría conceptos como horas extras, aguinaldo y el bono del 20%, aliviando la carga económica para algunos administradores.
El paso a paso de los eventos clave
- 30 de diciembre de 2024: Representantes de las entidades CAPHyAI, AIERH, UADI y FATERyH firman el acuerdo, presentando las escalas salariales para diciembre, enero y febrero al Ministerio de Capital Humano para su homologación.
- 3 de enero de 2025: La FATERyH, junto con el AIERH y UADI, ratifican el acuerdo firmado.
- 6 de enero de 2025: La CAPHyAI confirma su apoyo al convenio.
- 7 de enero de 2025: La CAPHyAI informa a sus asociados sobre el acuerdo mediante una circular oficial.
- Desde el 7 de enero, el expediente permanece sin avances en el Ministerio, dejando la homologación en suspenso.
Conclusión
El reciente acuerdo salarial para el sector de consorcios refleja avances importantes, pero también pone de manifiesto los desafíos de una implementación compleja. La falta de homologación de escalas previas y los errores detectados en los cálculos actuales generan incertidumbre para trabajadores, empleadores y administradores. Aunque la homologación del convenio podría regularizar gran parte de estos problemas, aún queda por resolver el impacto que tendrán estos ajustes en el ámbito legal y económico.
