El proyecto de ley presentado ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone una revisión integral de la Ley 941 y sus normas complementarias. La iniciativa busca eliminar requisitos que considera desproporcionados e incompatibles con principios constitucionales, con el fin de garantizar un marco normativo más equitativo para quienes ejercen la administración de consorcios.
¿Cuáles son los artículos que se buscan derogar o modificar?
El texto legislativo propone los siguientes cambios fundamentales:
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Derogación de requisitos documentales: Se suprimen los incisos d), e) y g) del Artículo 4 de la Ley 941, que exigían:
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Certificado del Registro Nacional de Reincidencia.
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Informe del Registro de Juicios Universales.
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Certificado de libre deuda alimentaria.
La argumentación señala que tales exigencias no aplican a otros colegios profesionales y resultan discriminatorias, especialmente cuando se exceptúa a administradores voluntarios o no remunerados.
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Revisión de la capacitación obligatoria: El inciso f) del mismo artículo se modifica para establecer una formación mínima de 120 horas, regulada por la autoridad competente, eliminando la obligación de revalidación anual mediante cursos de actualización.
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Certificado de acreditación más flexible: Se actualiza el Artículo 6 para extender la vigencia del certificado de inscripción a 90 días. Se especifica que debe incluir los datos requeridos y eventuales sanciones en los últimos dos años.
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Derogación de artículos adicionales:
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Artículo 5 inc. e): excluye del registro a personas en el listado de deudores alimentarios, limitando su derecho al trabajo.
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Artículo 8: se elimina sin argumentación específica.
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Artículo 12 del Capítulo II: exigía una declaración jurada anual, duplicando obligaciones ya cubiertas por agencias fiscales.
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Artículo 15 incs. e) y f): sanciones por no presentar documentación en asambleas.
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Artículos 24 al 32 del Capítulo VI: regulaciones incorporadas por la Ley 5983 que se consideran innecesarias.
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¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del proyecto?
El texto del proyecto fundamenta su propuesta en los principios consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente:
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Derecho al trabajo (Artículo 14 de la CN): el Estado no puede imponer restricciones irrazonables para ejercer actividades lícitas.
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Proporcionalidad normativa: las exigencias actuales son consideradas abusivas y carentes de justificación frente a otros regímenes profesionales.
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Igualdad ante la ley: se advierte una discriminación hacia quienes ejercen la actividad de manera remunerada frente a quienes lo hacen ad honorem.
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Principio de reserva: la normativa vigente interfiere con la vida privada del profesional, lo cual se juzga inconstitucional.
¿Qué críticas realiza el proyecto al marco regulatorio actual?
El enfoque del proyecto es marcadamente crítico hacia la intervención estatal en la vida profesional de los administradores de consorcios. Señala:
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Exceso burocrático: las regulaciones vigentes imponen una carga administrativa injustificada.
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Discriminación normativa: algunos artículos imponen sanciones o restricciones que no aplican a otros profesionales.
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Injerencia estatal indebida: se argumenta que el Estado no debería definir la plataforma digital para la gestión contable de los consorcios, ya que esto restringe la libertad de cada grupo para elegir su propio sistema.
¿Por qué se considera que la reforma es necesaria?
El texto argumenta que la dignidad del trabajo debe protegerse de normativas que, lejos de promover la profesionalización, limitan el ejercicio laboral y entorpecen la actividad económica. Se denuncia una visión paternalista por parte del Estado, que no solo impone exigencias arbitrarias, sino que también interfiere en decisiones que deberían ser propias de cada comunidad consorcial.
¿Qué consecuencias tendría la aprobación del proyecto?
De aprobarse, el proyecto:
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Facilitaría el acceso a la matrícula profesional.
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Eliminaría trámites considerados innecesarios o violatorios de derechos.
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Garantizaría un trato más equitativo entre administradores remunerados y voluntarios.
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Reforzaría la autonomía de los consorcios en su gestión interna.
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Ajustaría la ley local a estándares constitucionales y de razonabilidad normativa.
Conclusión
Este proyecto de ley no solo apunta a corregir desajustes técnicos o formales en la normativa vigente, sino que plantea un cambio de paradigma: dejar de concebir al profesional como un potencial infractor y comenzar a confiar en su capacidad y responsabilidad. Al eliminar requisitos que resultan excesivos o discriminatorios, se refuerzan principios fundamentales como el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y la libertad de gestión. Se trata, en definitiva, de una apuesta por una legislación más justa, moderna y respetuosa de los derechos individuales.
El proyecto ingresó por mesa de entradas bajo el número 771-D-2025 y se puede ver en este link.
