El pasado 5 de agosto, representantes de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) participaron en un encuentro convocado por las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ). La reunión, presidida por el Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Rioque Vítolo, tuvo como propósito analizar el alcance de la normativa recientemente implementada sobre la rúbrica de libros en los consorcios de propietarios.
Cabe destacar que la CAPHAI fue la única organización del sector invitada a esta reunión, un hecho que resalta la relevancia institucional del vínculo que mantiene con la IGJ y la confianza depositada para colaborar en la correcta difusión de la información.
Un encuentro para transmitir claridad
Durante la reunión, la IGJ explicó que el objetivo principal era que la Cámara contribuyera a difundir datos claros, precisos y confiables sobre esta nueva disposición. El mensaje transmitido fue categórico:
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La normativa tiene un carácter totalmente opcional.
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No existe obligación legal para que los consorcios confeccionen balances ni registren libros que no estén expresamente contemplados en la legislación vigente.
Esta aclaración busca evitar interpretaciones erróneas y frenar la propagación de información confusa que pueda generar obligaciones inexistentes para los administradores y propietarios.
Libros obligatorios que marca la ley
En línea con lo establecido por la normativa actual, la IGJ recordó que únicamente dos libros son obligatorios para los consorcios:
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Libro de Actas
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Libro de Administración
Estos deben registrarse y rubricarse conforme lo dispone la legislación. Ningún otro libro o documento adicional se exige de manera obligatoria, lo que reafirma la naturaleza opcional de cualquier otra registración o balance que pueda implementarse.
Los costos ocultos de optar por más registros
Si bien la confección de balances adicionales o la llevanza de libros extra está permitida, hacerlo implica más burocracia y costos innecesarios para los consorcios.
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Se generan trámites adicionales que demandan tiempo y gestión administrativa.
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Se incrementan gastos en honorarios, papelería y legalizaciones.
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Se añaden procesos de control y archivo que, en muchos casos, no aportan beneficios reales a la gestión cotidiana.
Por este motivo salvo que un consorcio lo considere estrictamente necesario por su propia decisión interna, no existe razón práctica para sumar obligaciones voluntarias que solo complican y encarecen la administración.
Un canal de comunicación abierto
Uno de los puntos más valorados del encuentro fue la disposición de la IGJ para mantener un diálogo directo y permanente con la Cámara. Esta apertura permitirá:
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Atender consultas técnicas y legales.
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Unificar criterios de interpretación.
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Brindar respuestas rápidas a inquietudes del sector.
Con esta medida, se busca evitar malentendidos, fortalecer la transparencia y ofrecer un respaldo institucional a los administradores de consorcios, quienes a menudo deben lidiar con interpretaciones dispares de la normativa.
Propuesta de reunión con asociados
Como parte de este fortalecimiento de vínculos, la IGJ propuso organizar un encuentro presencial con los socios de la Cámara. El objetivo de esta jornada sería:
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Responder consultas en forma directa.
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Entregar material de difusión oficial.
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Explicar en detalle los alcances de la nueva normativa.
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Reforzar la relación institucional entre la IGJ y la CAPHAI.
Esta actividad, aún por definir en fecha y lugar, se proyecta como una oportunidad para que los administradores cuenten con información de primera mano y puedan aplicarla correctamente en su labor diaria.
Compromiso de la CAPHAI
La Cámara manifestó su agradecimiento por la apertura al diálogo mostrada por la IGJ y renovó su compromiso con la difusión responsable de la normativa vigente.
El objetivo es claro: defender una actividad profesional basada en la transparencia, la seguridad jurídica y el acceso a información fidedigna.
La CAPHAI reafirmó que seguirá trabajando para:
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Garantizar que sus asociados estén informados con datos oficiales.
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Evitar la circulación de interpretaciones erróneas que puedan perjudicar a administradores o propietarios.
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Ser un puente entre las autoridades y la comunidad de la propiedad horizontal.
Impacto en el sector
Si bien la normativa es opcional, su existencia plantea desafíos y oportunidades. Por un lado, algunos consorcios pueden optar por implementar balances y registros adicionales para reforzar la transparencia interna. Por otro, se corre el riesgo de que, por desconocimiento, se asuma como una obligación legal lo que en realidad es voluntario.
Además, el agregado de estos procedimientos no obligatorios representa cargas administrativas y económicas que no siempre se justifican. Por ello, la posición de la CAPHAI es clara: cumplir estrictamente con lo que la ley exige y evitar gastos y trámites superfluos.
Mirada a futuro
La propuesta de encuentros periódicos entre la IGJ y los socios de la Cámara abre un escenario de mayor coordinación y confianza institucional. Una comunicación fluida entre el ente regulador y el sector administrado es la base para prevenir conflictos, unificar criterios y fomentar el cumplimiento adecuado de las normativas que sí son obligatorias.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
