A partir de 2025, quienes aspiren a registrarse como administradores de consorcios en la Ciudad de Buenos Aires deberán someterse a una evaluación oral presencial. Esta exigencia, impulsada por el director general de Defensa y Protección del Consumidor, Carlos Traboulsi, tiene como objetivo reforzar la capacitación de los profesionales del sector.
El reglamento que establece este nuevo requisito quedó formalizado en la Disposición 358, publicada el 27 de enero en el Boletín Oficial, donde se detallan los procedimientos para la evaluación y el acceso a la matrícula en el Registro Público de Administradores (RPA).
Traboulsi lo había anticipado
La decisión de implementar un examen oral no fue sorpresiva. En octubre de 2023, Traboulsi ya había adelantado en una entrevista radial que se planeaba establecer una instancia evaluativa adicional para quienes culminaran los cursos de capacitación en administración de consorcios. Según sus declaraciones, el jurado encargado de la evaluación estaría compuesto por representantes del RPA y de instituciones habilitadas para impartir formación en el área.
Este examen introduce un nuevo filtro para quienes deseen inscribirse como administradores y ejercer la administración de consorcios en la ciudad, elevando las exigencias previas para obtener la matrícula.
Puntos clave sobre la evaluación
Para entender mejor en qué consiste este nuevo procedimiento, repasemos los aspectos más importantes de la normativa:
1. ¿Quiénes deberán rendir el examen?
Este requisito es exclusivo para quienes buscan registrarse por primera vez en el RPA. Aquellos administradores que ya cuentan con matrícula y solo necesitan renovarla no deberán someterse a la evaluación.
2. ¿Cómo se solicita el examen?
Los interesados deberán enviar un correo electrónico a registroconsorcios@buenosaires.gob.ar, adjuntando su certificado de finalización de un curso aprobado por una institución habilitada y sus datos personales.
3. ¿Quiénes conforman el jurado evaluador?
El tribunal examinador estará integrado por:
- Autoridades del área de Defensa y Protección del Consumidor.
- Representantes de entidades habilitadas para capacitar administradores.
- Miembros de asociaciones vinculadas a la administración de consorcios.
Sin embargo, los propietarios de las unidades no tendrán representación en este proceso evaluativo.
4. ¿Cómo será la modalidad de la evaluación?
Las pruebas se llevarán a cabo de manera trimestral y consistirán en una instancia oral. Una vez concluida, los examinadores comunicarán al postulante si ha aprobado o no. En caso de obtener un resultado positivo, podrá continuar con el trámite de matriculación en el RPA.
5. ¿Cuántas oportunidades tienen los postulantes?
Cada aspirante tendrá dos intentos por año para superar la evaluación y obtener la habilitación.
¿Puede esto generar demoras en la inscripción?
Uno de los principales interrogantes es si esta nueva exigencia podría derivar en retrasos en la matriculación de nuevos administradores. Según datos oficiales, hasta el 31 de enero de 2024 había 10.037 profesionales con matrícula vigente en el RPA.
Durante los últimos cinco años, el promedio anual de nuevos inscriptos ha sido de 612 personas. Dado que los exámenes serán trimestrales, esto implica que en cada instancia habrá que evaluar, en promedio, a 153 postulantes.
Si cada evaluación individual tiene una duración estimada de 40 minutos, esto significaría que:
- En total, se requerirían 6.120 minutos para evaluar a todos los postulantes en cada instancia.
- Se necesitarían 102 horas de evaluación.
- En jornadas laborales de 8 horas diarias, la evaluación completa tomaría 13 días.
- Si la jornada fuera de 6 horas diarias, el proceso se extendería por 17 días.
Si bien podrían establecerse más mesas examinadoras o reducir la duración de cada examen, esto último podría afectar la calidad de la evaluación, lo que genera dudas sobre la viabilidad operativa de este nuevo requisito a largo plazo.
Una medida que plantea desafíos
El examen oral para administradores de consorcios busca elevar los estándares de profesionalización en el sector, asegurando que quienes se matriculen posean conocimientos sólidos. Sin embargo, su implementación podría derivar en retrasos significativos, considerando el volumen de aspirantes y el tiempo requerido para evaluarlos.
Queda por ver si en la práctica esta medida será sostenible o si deberá ajustarse para evitar que se convierta en un obstáculo burocrático para el acceso a la profesión.
