Un nuevo proyecto en la Legislatura porteña propone ampliar de 12 a 18 meses la vigencia del mantenimiento de los extintores y brindar un período de regularización antes de sancionar a quienes incumplan.
El legislador Yamil Santoro, representante de Republicanos Unidos, presentó el 28 de abril una iniciativa legislativa que busca modificar los plazos vigentes para la recarga de matafuegos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo central de la propuesta es ajustar la normativa actual a los avances tecnológicos en los sistemas de prevención contra incendios, ofreciendo a la vez un enfoque más flexible y racional en materia de sanciones administrativas.
El expediente, identificado con el Nro. 1264, ingresó oficialmente a la Legislatura porteña y fue girado a la Comisión de Planeamiento Urbano para su análisis. Consta de tres artículos, uno de los cuales es meramente de forma.
¿En qué consiste el cambio propuesto para los matafuegos?
Actualmente, la normativa establece que los extintores deben ser recargados o mantenidos anualmente. El proyecto de Santoro propone modificar el artículo 5.1.7.2 del Anexo A de la Ordenanza 34.421 (Código de Edificación) para que el plazo de mantenimiento se extienda a un año y medio.
El nuevo texto sugerido por el legislador porteño estipula:
“La vigencia de la recarga o mantenimiento de los extintores (matafuegos) es de dieciocho (18) meses.”
Según los fundamentos presentados por el autor del proyecto, esta modificación se basa en la evolución técnica de los equipos de combate contra incendios. Los avances en diseño y durabilidad permiten una eficiencia sostenida por más tiempo, lo que hace viable ampliar el plazo sin comprometer la seguridad.
¿Por qué proponen un plazo de gracia antes de sancionar?
Una segunda parte del proyecto está orientada a flexibilizar el régimen de sanciones para quienes no cumplan con los plazos de mantenimiento. En lugar de penalizar inmediatamente a los responsables, se les otorgaría un margen de tres meses para ponerse al día.
Para ello, se plantea incorporar un nuevo párrafo en el artículo 2.1.1 del Anexo A de la Ley 451 (Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires). La modificación introduce la figura de una intimación previa:
“Cuando la infracción esté vinculada exclusivamente al vencimiento de los elementos de prevención relacionados con la carga o el mantenimiento, se intimará al responsable para que regularice la situación en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de vencimiento. Transcurrido dicho plazo, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes.”
Santoro fundamentó esta parte de su propuesta argumentando que se busca un enfoque más colaborativo entre el Estado y los ciudadanos. En lugar de aplicar sanciones automáticas o clausuras inmediatas, la intención es dar tiempo para corregir la falta y promover el cumplimiento voluntario de las normativas.
¿Qué beneficios traería esta iniciativa?
Desde una perspectiva técnica, la ampliación del plazo para la recarga de los matafuegos refleja una adecuación a los avances en la industria de seguridad contra incendios. Los nuevos dispositivos ofrecen un rendimiento más duradero, lo cual hace innecesarias revisiones anuales en muchos casos.
En cuanto al aspecto regulatorio, la introducción de un período de gracia apunta a una mejor relación entre el control estatal y los administrados. El margen de tres meses permite resolver infracciones sin recurrir de inmediato a medidas sancionatorias que muchas veces resultan excesivas o desproporcionadas.
Este enfoque también podría traducirse en una mayor eficacia administrativa: menos procedimientos sancionatorios, más cumplimiento efectivo, y una relación más saludable entre vecinos y autoridades.
¿Cuál es el estado actual del proyecto?
El proyecto se encuentra actualmente en análisis dentro de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña. Aún no ha sido debatido en sesión plenaria ni cuenta con dictamen de comisión, por lo que su tratamiento legislativo se encuentra en etapas preliminares.
Se espera que en las próximas semanas se convoquen expertos y actores del sector de seguridad contra incendios para brindar su opinión técnica sobre la viabilidad de extender los plazos y sobre el impacto operativo de las modificaciones al régimen de faltas.
¿Quién impulsa esta reforma y con qué fundamentos?
Yamil Santoro ha impulsado varias reformas en el ámbito porteño orientadas a simplificar regulaciones y reducir cargas administrativas innecesarias. En este caso, su proyecto argumenta que el desarrollo tecnológico ha superado las exigencias normativas vigentes, lo cual justifica una actualización.
Además, su planteo propone una visión más equilibrada del poder sancionador del Estado, priorizando la corrección voluntaria de infracciones leves por sobre las penalizaciones automáticas.
¿Podría esto sentar un precedente para otras ciudades?
Si bien la propuesta está dirigida exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires, su aprobación podría inspirar reformas similares en otras jurisdicciones del país. Muchas ciudades aún aplican plazos estrictos y regímenes sancionadores severos que no siempre reflejan los avances en tecnología de seguridad.
Un cambio como este podría alentar una revisión más generalizada de las normativas de mantenimiento en edificios, potenciando una regulación más flexible y orientada al cumplimiento real más que a la sanción formal.
¿Cómo afecta esta reforma a propietarios y administradores?
De ser aprobado, el proyecto representaría una mejora tanto en términos de costos como de gestión para propietarios y administradores de edificios. Al espaciarse las recargas, se reducirían los gastos asociados al mantenimiento anual, y el plazo de tres meses para regularizar irregularidades permitiría evitar sanciones mediante una simple adecuación.
Esto es especialmente relevante para consorcios y pequeñas propiedades, donde los recursos son limitados y una multa puede representar una carga desproporcionada.
