Administradores porteños se preparan para la batalla contra el RPA y la DGDYPC por falta de respuestas

Una creciente tensión sacude al mundo de los administradores de consorcios en la Ciudad de Buenos Aires. La Unión Porteña de Administradores (UPA), conducida por Bernardo Velasco, ha dejado claro que la paciencia tiene un límite. Luego de múltiples intentos por obtener respuestas claras por parte de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC) y el Registro Público de Administradores (RPA), la entidad analiza una serie de medidas de presión (algunas legales, otras públicas) en defensa de los derechos de sus socios administradores.

El origen del conflicto se remonta a una reunión que Bernardo Velasco mantuvo el 11 de julio con Carlos Traboulsi (DGDYPC) y Diego Sarrabayrouse (RPA). Si bien los funcionarios accedieron al encuentro, los resultados estuvieron lejos de lo esperado por la UPA: las inquietudes planteadas no encontraron respuestas sólidas y muchos puntos ni siquiera fueron abordados con seriedad.

Velasco plasmó los puntos discutidos en un extenso informe de cuatro páginas que distribuyó entre los afiliados de la UPA al día siguiente. Además, amplió sus declaraciones en el programa radial Consorcios 360, cuya emisión fue vista por casi dos mil personas en su canal de YouTube.

¿Qué medidas está considerando la UPA?

Ante la falta de avances, los socios de la UPA están evaluando una serie de medidas que van desde acciones judiciales hasta campañas de denuncia pública. Estas son las propuestas que están sobre la mesa:

• Acciones judiciales: se estudia la presentación de denuncias administrativas contra el RPA e incluso la posibilidad de avanzar con una denuncia penal.

• Protestas presenciales: se evalúa organizar una sentada frente a la sede de la DGDYPC.

• Denuncia institucional: acusan a la DGDYPC de incumplimiento de funciones, uso indebido de sus atribuciones e incapacidad operativa.

• Amparos judiciales: por irregularidades en la obligatoriedad del curso de SERACARH, su falta de financiación y por el carácter desproporcionado de las multas impuestas a los administradores.

• Cuestionamiento legal a las sanciones públicas: rechazan que se publiquen las sanciones en el Boletín Oficial, en el sitio de la DGDYPC y en las matrículas de los administradores, calificándolo de “difamatorio”.

• Campaña mediática: planean exponer en medios masivos una lista de deficiencias, acuerdos cuestionables y fallos operativos detectados tanto en el RPA como en la DGDYPC.

¿Cuáles son los principales reclamos de la UPA?

Velasco presentó una lista de 23 cuestionamientos ante las autoridades porteñas. A continuación, se destacan los más significativos, que exponen un entramado de falencias técnicas, desorganización institucional y posibles abusos administrativos.

Fallos técnicos y burocracia digital

• La plataforma TAD, usada para trámites digitales, presenta múltiples fallos: bloqueos, errores de validación, y exigencias técnicas difíciles de cumplir.

• Se obliga a incorporar firma digital en seguros, lo que complica innecesariamente el proceso.

Silencio administrativo

• Velasco afirma haber enviado más de 90 correos electrónicos al RPA sin recibir ninguna respuesta.

Sanciones desmedidas

• La UPA denuncia que las multas impuestas son desproporcionadas frente a las faltas cometidas.

• En algunos casos, se penalizó a administradores por no entregar documentación de consorcios que ya no gestionaban.

Curso SERACARH bajo cuestionamiento

• La entidad rechaza la exigencia del curso obligatorio para administradores, señalando que la norma lo “exhorta”, pero no lo impone.

• Además, si el consorcio decide no pagar dicho curso, no debería recaer la sanción sobre el administrador.

Criterios erráticos entre funcionarios

• Documentación que un inspector valida, otro la rechaza. Esta disparidad genera inseguridad jurídica y desorientación constante.

Dificultades para cumplir exigencias

• Aun cuando se intentan subsanar errores en la TAD, el sistema impone requisitos adicionales, como certificados presenciales.

Visibilidad pública de sanciones

• La publicación de multas en canales oficiales, sin distinguir entre sanciones leves y graves, es vista como difamación por la UPA.

Denuncias infundadas

• Muchos administradores son señalados por propietarios conflictivos, lo que en algunos casos deriva en sanciones sin fundamentos sólidos.

Validaciones contradictorias

• El sistema acepta ciertos datos (como CUIT), pero luego exige correcciones absurdas sobre esos mismos elementos.

Falta de fiscalización real

• Se denuncia que numerosos administradores trabajan sin estar inscriptos en el RPA, lo que revela fallas graves de control.

¿Qué respuestas ofreció el gobierno porteño?

Las autoridades, según el testimonio de Velasco, mostraron escasa preparación para abordar el conflicto. Las respuestas se dividieron en cuatro categorías, todas ellas insatisfactorias desde la perspectiva de la UPA.

1. Propuesta de colaboración interinstitucional: se le pidió a Velasco que buscara consensos con otras asociaciones del sector. Él se negó, argumentando que esas entidades “no representan ni los intereses ni la realidad del administrador profesional”.

2. Negación inicial: la reacción frente a los reclamos fue de sorpresa e incredulidad. Se intentó responsabilizar al denunciante por no haber seguido los “canales correctos”.

3. Desconocimiento del conflicto: en varios puntos, los funcionarios admitieron no estar al tanto de las situaciones denunciadas.

4. Respuestas ambiguas y evasivas: frases como “es raro”, “hay que averiguar”, “tenemos que analizarlo”, se repitieron durante toda la reunión.

¿Cuál es la posición final de la UPA?

Velasco fue tajante. Luego de este encuentro fallido, considera que no hay margen para seguir apostando al diálogo con la DGDYPC. En su informe dirigido a los socios y en declaraciones radiales, instó a abandonar cualquier expectativa de resolución institucional. “Ya no se trata de pedir explicaciones, sino de exigir cambios”, señaló.

Con el respaldo de casi dos mil administradores que siguieron sus declaraciones online, Velasco buscará ahora canalizar la presión por vías más contundentes. En su visión, la legitimidad profesional del administrador está siendo socavada no solo por normas mal diseñadas sino por una burocracia que ni siquiera escucha.

​⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.