El proyecto buscaba obligar a los administradores de consorcio a liquidar expensas mediante una aplicación oficial. En los hechos, ese sistema habría concentrado en servidores del Estado la información privada, comercial y laboral de los edificios: movimientos de caja, contrataciones, nóminas y datos de copropietarios. La promesa era “transparencia y estandarización”. La crítica: centralización de datos sensibles y pérdida de autonomía para administradores y consorcios.
¿Cómo se movió el tablero político antes de llegar al recinto?
Aunque el expediente llevaba la firma política de Horacio Rodríguez Larreta y la autoría de Facundo Carrillo, las señales de debilidad aparecieron pronto.
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14 de noviembre: en una reunión con vecinos, el vicejefe Diego Santilli dejó trascender dudas sobre exigir que la información privada circulara por la app estatal. Para quien debía ordenar la tropa propia, no fue un guiño menor.
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22 de noviembre: la Comisión de Legislación General celebró su primera reunión sobre el tema sin quórum. El encuentro, pensado para avanzar hacia un dictamen, terminó en como mera informativa. Ante el reclamo de que los presentes no eran los miembros formales, su presidente Daniel Del Sol (PRO) respondió con frialdad y evasivas.
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24 de noviembre: a contrarreloj, se convocó una segunda reunión. En los pasillos se decía que “desde Jefatura” empujaban para que el proyecto saliera ese mismo año. Hubo dictamen, pero ajustado: 5 firmas a favor y 4 en contra. El poroteo no alcanzaba para entusiasmar.
¿Por qué se diluyó el impulso original?
La política es la aritmética de los votos. El 4 de diciembre, una secretaria de Carrillo admitió lo que ya corría como secreto a voces. El tratamiento pasaba a 2018. La razón era que faltaban votos. Forzar una derrota en la última sesión implicaba pagar un costo político y además, quedar atado a los plazos para insistir recién un año después.
Aun así, el 5 de diciembre, el propio Carrillo fue a la TV por cable y blanqueó el panorama: “no se llega a votar este año”, y deslizó que el asunto volvería en marzo. Curiosamente, al día siguiente, en un noticiero vespertino, no desmintió a quienes especulaban con una votación inminente. El clima quedó cargado de versiones.
¿Qué se votó efectivamente el 7 de diciembre?
El jueves 7, el microclima consorcial siguió la sesión de la Legislatura porteña casi como un partido definitorio. El Canal de la Ciudad transmitía en vivo. Las hipótesis se dividían entre quienes creían que el expediente dormiría hasta el año siguiente y quienes veían una artimaña en puerta. Dejar correr el rumor del aplazamiento y meterlo sobre tablas.
Pasadas las 2 de la tarde, trataron el despacho 694/2017, definido vagamente como el documento que “obra en las bancas”. Se aprobó con 41 votos afirmativos y ninguno en contra. La incógnita era qué contenía.
La respuesta llegó una hora más tarde. Se conoció el texto. No era la plataforma digital ni la obligación de usar la aplicación. La ley alcanzaba únicamente al artículo 13, esto es, la duración del mandato de los administradores. El aspecto más controvertido (la app estatal obligatoria) no había llegado al recinto.
Media hora después, medios especializados en propiedad horizontal ya celebraban en redes con una síntesis contundente: el proyecto Consorcio Participativo se cayó.
¿Qué quedó en pie y qué cayó?
En pie:
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La reinstalación del artículo 13, que regula el tiempo de mandato de los administradores, después de una intervención del Tribunal Superior de Justicia que había forzado su derogación horas antes. Se votó una salida técnica para ordenar ese aspecto.
Cayó (o al menos, no se trató):
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La columna vertebral del expediente: la obligatoriedad de liquidar expensas con una app oficial y la consiguiente centralización de datos de los consorcios en servidores del Estado.
¿Qué explica esta batalla perdida?
Varios factores confluyeron:
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Resistencias internas. Las dudas públicas de Santilli anticiparon que no había consenso pleno en la propia coalición de gobierno.
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Trámite legislativo problemático. Falta de quórum en la primera reunión y dictamen ajustado en la segunda. Los números nunca cerraron con holgura.
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Costo de oportunidad. Forzar una votación perdedora en la última sesión del año habría encarecido la posibilidad de volver a insistir en el corto plazo.
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Cuestión de fondo. El rechazo a concentrar datos sensibles y a imponer un software único resultó un obstáculo político (y cultural) de peso entre vecinos, administradores y parte de la oposición.
¿Qué señales dejó para la agenda futura?
El mensaje fue claro: tecnología sí, imposición no. Si el plan reaparecía en marzo del año siguiente, debía hacerlo con garantías de privacidad más robustas, alternativas para la gestión de expensas (interoperabilidad, no exclusividad) y acuerdos más amplios con actores del ecosistema. La idea de estandarizar procesos y transparentar costos puede construir consenso. La centralización obligatoria de información privada, difícilmente.
Conclusión final
El oficialismo quiso acelerar un cambio digital en la administración de edificios y chocó con una realidad elemental: sin votos, no hay reforma. Sin confianza, no hay datos. La Legislatura solo modificó la regla sobre la duración del mandato de los administradores y dejó para más adelante la discusión áspera: ¿quién controla y dónde se alojan los datos de los consorcios? Esta batalla la perdió el proyecto por el flanco menos complejo (la aritmética), pero su talón de Aquiles fue político. Una aplicación obligatoria que pedía confianza total sin ofrecer garantías equivalentes.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
