El aumento de las expensas se convirtió, otra vez, en tema de conversación masiva. No solo por el peso que tiene en cualquier presupuesto familiar sino también por el ruido que suele acompañar a cada liquidación: dudas, bronca y a veces una sensación de opacidad difícil de probar.
A fines de noviembre, una declaración en televisión empujó esa incomodidad al primer plano. Y la respuesta no tardó en llegar. Las Cámaras de administradores de la provincia de Buenos Aires salieron a repudiar lo que consideraron una acusación grave, hecha sin evidencias y con alcance nacional.
¿Qué se dijo sobre el nivel de las expensas en CABA?
El disparador fue un segmento emitido el 24 de noviembre, en el programa TN Central, conducido por Franco Mercuriali y la participación de Sofía Terrile. Allí se abordó el tema de las expensas y se mencionó que el promedio en la Ciudad de Buenos Aires había superado los 300.000 pesos, junto con un aumento interanual del 37%, señalado como levemente superior a la inflación.
En el mismo bloque se indicó que, durante el primer semestre del año, los juicios para cobrar expensas habían superado el 60%. En otras palabras: no solo suben los montos de las expensas sino que también se multiplican los conflictos por falta de pago y, en consecuencia, la tensión dentro de muchos consorcios.
Luego el tono cambió cuando el debate se desplazó desde los números hacia la sospecha.
¿Por qué la conversación giró hacia posibles “tramoyas”?
En medio de la charla, Sofía Terrile introdujo un punto que suele aparecer en reuniones de pasillo. La idea de que los vecinos se organizan para revisar si el administrador actúa con transparencia. Lo planteó con una insinuación que apuntaba a maniobras irregulares: “¿Todos sabemos de lo que estoy hablando, no?“
Ese giro abrió la puerta a una respuesta aún más directa de la invitada al programa, la Dra. Victoria Loisi, representante de la Fundación Liga del Consorcista.
¿Qué afirmó Victoria Loisi y cómo lo fundamentó?
Según el intercambio al aire, Loisi sostuvo que “gran parte del problema” del aumento de expensas “son las administraciones que roban”. Ante la pregunta sobre si se trataba de algo extendido, aclaró que no debía generalizarse pero insistió en que existen “muchísimas” administraciones que pedirían adicionales o porcentajes (mencionó rangos del 10% al 30%) sobre trabajos o servicios contratados.
La explicación giró alrededor de un mecanismo: el sobreprecio. Es decir, que un trabajo se factura a un valor mayor que el real y ese margen, según la afirmación, quedaría fuera de lo detectable en auditorías tradicionales porque la factura “está en orden”.
El punto sensible no fue solo el señalamiento de sobreprecios sino el uso explícito de una palabra con carga penal: robo. Para el sector, esa elección de términos corrió la discusión desde la crítica profesional hacia la imputación de delito.
¿Cómo reaccionaron las entidades bonaerenses y qué objetaron?
El 25 de noviembre, cinco cámaras de administradores de la provincia de Buenos Aires publicaron un comunicado conjunto en redes sociales rechazando las declaraciones.
Su argumento central fue que no se trataba de una opinión más sino de una acusación pública que atribuye un hecho delictivo de manera amplia. Señalaron que lanzar una imputación de ese tipo en un medio masivo de comunicación, sin pruebas, no solo sería irresponsable sino que también afectaría el prestigio de una actividad que depende, en buena medida, de la confianza.
En esa línea, el comunicado sostuvo que el planteo perjudicaba la honorabilidad de quienes ejercen la administración de consorcios de forma regular y que se instalaba una sospecha general que resulta difícil de desactivar.
¿Qué le exigieron puntualmente a Loisi?
Las entidades no se limitaron a expresar malestar. El texto incluyó tres pedidos concretos, formulados como exigencias públicas:
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Presentar y hacer públicas pruebas específicas sobre los delitos mencionados.
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Aportar las denuncias formales que ella o la organización que representa hubieran realizado ante la Justicia penal.
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Ratificar o rectificar públicamente sus dichos en caso de no poder sostenerlos con evidencias.
La intención del reclamo fue clara, llevar el asunto del terreno de la insinuación al de la documentación. Si hay delito, que se denuncie y se pruebe. Si no lo hay, que se evite generalizar con palabras que destruyen reputaciones.
¿Qué organizaciones firmaron el primer repudio?
Las cámaras bonaerenses mencionadas como firmantes fueron:
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Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires (CAPHPBA)
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Cámara de Administraciones de Consorcios y Complejos Urbanísticos de Pilar (CACyCU)
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Cámara Administradores Propiedad Horizontal Bahía Blanca y Zona (CAPHBByZ)
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Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata (CACLP)
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Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de Villa Gesell (CAPHVG)
¿Cómo se amplió la controversia con adhesiones posteriores?
El 3 de diciembre, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) también repudió las declaraciones de Loisi.
Según lo relatado en el texto original, esa cámara adjuntó cartas dirigidas tanto al Registro Público de Administradores de la Ciudad (RPA) como al bonaerense (RPAC). Además, incorporó una carta de respaldo institucional recibida el día anterior de la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios (ULADI).
A ese repudio se sumaron adhesiones de trece entidades provenientes de siete jurisdicciones: CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. La foto final fue la de un sector que eligió cerrar filas frente a una frase que, a su entender, los ubicaba a todos bajo sospecha.
¿Qué deja este episodio en la discusión sobre expensas?
El trasfondo es incómodo. Las expensas suben y la gente busca explicaciones rápidas. En ese clima, la idea de “alguien se queda con una parte” es tentadora porque simplifica un problema que suele ser multicausal: salarios, mantenimiento, seguros, servicios, inflación, morosidad, costos extraordinarios, etc.
Pero una cosa es discutir gastos, controles y eficiencia, y otra es afirmar en televisión que “gran parte” de las administraciones cometen un delito. Ahí aparece un riesgo doble:
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Para los consorcistas, se alimenta la desconfianza sin ofrecer herramientas concretas de verificación.
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Para los administradores honestos: se los arrastra a un juicio social previo, sin distinción ni debido sustento.
Si hay prácticas indebidas, el camino razonable es el de siempre: auditar, documentar, denunciar y sancionar. Si no hay pruebas, la responsabilidad pública exige prudencia. El costo de una generalización suele pagarse en una reputación colectiva en muchos casos injusta. Y la reputación (en este rubro) es parte del trabajo.
Conclusión
El debate por las expensas no se resuelve con frases rimbombantes sino con información verificable. El cruce entre una acusación en televisión y el repudio de múltiples cámaras muestra un límite. Cuando se usan términos penales para describir problemas de gestión, el conflicto deja de ser técnico y se vuelve institucional. En adelante, la discusión tendrá más sentido si se centra en mecanismos concretos de control, más participación de los copropietarios y menos en sospechas generalizadas que sólo hacen más ruido.
CAPHAI – Repudiamos declaraciones ofensivas hacia los administradores de propiedad horizontal
CAPHAI – Nota presentada ante el RPA – CABA
CAPHAI – Nota presentada ante el RPAC – BS. AS.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
