En los últimos meses, la negociación salarial de los encargados de edificios ha estado marcada por una serie de acuerdos escalonados y una homologación que avanza de forma discontinua. La Secretaría de Trabajo de la Nación aprobó recientemente uno de los convenios firmados en julio pero aún quedan pendientes otros que despiertan dudas en el sector.
¿Qué acuerdos fueron homologados recientemente?
El 7 de noviembre, Laura Agata Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, oficializó a través de la Disposición 2569 la homologación del acuerdo firmado el 22 de julio. Este convenio estipula un incremento del 1,5% correspondiente a julio y otro del 1,4% para agosto. Además, se establece el pago de un bono remunerativo mensual de 50 mil pesos para todas las categorías en ambos meses.
Un punto llamativo de esta homologación es que el mencionado bono no se incorporó directamente en el cuerpo principal del acta, como suele ser habitual, sino que fue incluido en las planillas anexas, junto a las escalas salariales y los adicionales. Este detalle administrativo no es menor, ya que podría dar lugar a diferentes interpretaciones legales o técnicas sobre la validez y ejecución del beneficio.
¿Qué ocurre con el acuerdo de mayo aún sin homologar?
Aunque se han homologado las escalas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto, persiste un vacío legal en torno al acuerdo del 20 de mayo. Dicho convenio había establecido un aumento del 1,1% para junio, acompañado de un bono remunerativo mensual de 50 mil pesos. Sin embargo, hasta el momento, este acuerdo no ha sido formalmente homologado.
La incógnita que surge es si la aprobación de las escalas de junio basta por sí sola para considerar que el acuerdo de mayo fue tácitamente convalidado. Desde el sector gremial y las cámaras que representan a los administradores de consorcios no ha habido pronunciamientos al respecto, lo cual mantiene la incertidumbre en torno a su vigencia.
A nivel administrativo, el último avance registrado en el expediente de este acuerdo data del 2 de julio. En esa fecha, la jefa del Departamento de la Dirección de Negociación Colectiva solicitó que el expediente sea remitido a la Asesoría Técnico Legal para que se expida sobre los pasos a seguir. Desde entonces, no se han producido nuevas actuaciones públicas.
Cabe destacar que, de acuerdo con los plazos administrativos, si han transcurrido más de 30 días hábiles desde la última actuación sin resolución, podría presumirse una homologación tácita. En este caso, ese plazo se habría cumplido el 14 de agosto. Sin embargo, en ausencia de una resolución explícita, persisten las dudas en cuanto a la aplicabilidad legal del acuerdo.
¿Qué establece el acuerdo de septiembre aún no homologado?
Otro punto que mantiene en vilo a encargados de edificios y empleadores es el acuerdo salarial rubricado el pasado 9 de septiembre. Este nuevo tramo de la paritaria dispuso incrementos del 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre, junto con un adicional remunerativo mensual de 50 mil pesos para todas las categorías durante esos tres meses.
A diferencia de los anteriores, este acuerdo también introduce una novedad relevante: el bono de 50 mil pesos será incorporado al salario básico de cada categoría del convenio a partir del mes de diciembre. Esto implica una modificación estructural del ingreso mensual de los trabajadores, con implicancias no solo salariales sino también previsionales y fiscales.
El último movimiento administrativo vinculado a este acuerdo se produjo el 14 de octubre, recomendando su derivación a la Asesoría Técnico Legal de la Secretaría para continuar con el proceso correspondiente. Desde entonces, no se ha oficializado su homologación, lo que agrega otra capa de incertidumbre al escenario salarial del sector.
¿Cómo impacta la demora en la homologación de los acuerdos?
La falta de definiciones claras por parte de las autoridades competentes ha generado inquietud tanto en los trabajadores como en los administradores de consorcios. La no homologación de un acuerdo implica, en principio, que sus disposiciones no tienen fuerza de ley ni pueden ser exigidas judicialmente. Esto genera un limbo normativo donde algunos empleadores podrían optar por no aplicar los aumentos o el pago de bonos, ante el riesgo de futuras impugnaciones.
Por otro lado, también existe preocupación por parte de las entidades empleadoras, ya que la aplicación de aumentos sin respaldo legal podría derivar en futuras sanciones o reclamos retroactivos en caso de que los acuerdos finalmente se homologuen con modificaciones o con efectos retroactivos.
¿Qué puede esperarse en los próximos meses?
Si bien la Secretaría de Trabajo ha demostrado voluntad de avanzar con la aprobación de los acuerdos, el proceso muestra demoras significativas. La inclusión del bono remunerativo en el salario básico a partir de diciembre representa una medida de fondo que apunta a mejorar el poder adquisitivo de los encargados de edificios de forma sostenida.
Para las partes involucradas (tanto sindicatos como entidades empleadoras) resulta clave contar con mayor previsibilidad normativa. La falta de certezas en los procesos de homologación debilita el impacto de los acuerdos paritarios y deja expuestos a todos los actores a posibles conflictos.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
