El costo del curso del SERACARH, la capacitación obligatoria para encargados de edificios, volvió a subir con fuerza. En 2026 el valor por trabajador pasó de $70.000 a $180.000, un salto de 157% frente al año anterior. La magnitud del aumento llama la atención porque contrasta con la inflación proyectada para el año (19,6%), un dato que vuelve a instalar la discusión sobre qué tan razonable es la actualización del arancel y cómo impacta en las expensas.
Lo ocurrido en 2026 no es un episodio aislado. En 2025, el curso ya había registrado una suba significativa: 133,3%, al escalar de $30.000 a $70.000. En ese mismo período, la inflación anual fue de 30,6%. Es decir, dos años consecutivos en los que el precio de la capacitación avanzó a un ritmo muy superior a lo que fue la inflación.
Si se mira el recorrido de largo plazo, el contraste es todavía más marcado. Cuando la capacitación comenzó a aplicarse en 2012, el costo inicial era de $500. Desde entonces, y hasta llegar a los $180.000 actuales, el incremento acumulado ronda el 35.900%.
¿Qué es el SERACARH y por qué es obligatorio?
El curso del SERACARH es una capacitación exigida a los trabajadores que se desempeñan como encargados en edificios bajo propiedad horizontal. En la práctica, funciona como un requisito formal que debe cumplir el personal, y cuya financiación termina en el circuito de las expensas.
La lógica detrás de estas capacitaciones es fortalecer conocimientos vinculados a tareas habituales del puesto, normas de convivencia, mantenimiento y condiciones laborales. En el papel, se presenta como una mejora de profesionalización. En la vida real, su costo se vuelve un tema central cuando el valor sube muy por encima de los ingresos de las familias y del presupuesto mensual de los consorcios.
¿Cada cuánto se paga el curso en CABA y en provincia?
Uno de los puntos clave para entender el impacto es la periodicidad, que cambia según la jurisdicción.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): la obligación es bienal, es decir, cada dos años.
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Provincia de Buenos Aires: el requisito se sostiene con una frecuencia anual.
Esa diferencia explica por qué, en CABA, muchos consorcios no desembolsaron el costo todos los años. De hecho, con el esquema bienal, una parte importante de los consorcios porteños quedó “liberada” en períodos alternados.
Sin embargo, el criterio operativo vigente agrega una condición que evita “saltear” la obligación: si el encargado no hace el curso en el año que le toca, debe realizarlo de manera obligatoria al siguiente. En términos prácticos, esto implica que los atrasos se acumulan y, eventualmente, se pagan igual.
¿A cuántos trabajadores alcanza la obligación?
Según datos de la Secretaría de Trabajo, durante 2025 hubo un promedio de 53.625 puestos de trabajo vinculados a la propiedad horizontal en todo el país. No todos están necesariamente alcanzados por la obligación en la misma medida, pero hay un dato que ordena el mapa: CABA y la provincia de Buenos Aires concentran el 89,1% del total, lo que equivale a 47.777 puestos.
¿Cuánta recaudación implica el nuevo valor?
Si en 2026 se mantuviera la cantidad de puestos estimada y cada trabajador realizara el curso, la recaudación por este concepto sería muy relevante.
En CABA, la proyección indica que el SERACARH podría recaudar casi $6.900 millones (alrededor de US$ 4,7 millones al tipo de cambio oficial) solo por el pago de la capacitación. En la provincia de Buenos Aires, el monto ascendería a unos $1.700 millones, equivalentes a US$ 1,2 millones.
Visto en conjunto, el movimiento total representa una suma significativa para un servicio que, desde la perspectiva de los consorcios, se incorpora como un costo más dentro de una estructura ya presionada por tarifas, mantenimiento, seguros y salarios.
Un cálculo histórico amplía la dimensión: desde la creación del esquema, el curso habría costado a los consorcistas porteños más de US$ 36 millones. En otras palabras, lo que se percibe como un arancel individual termina, con el paso del tiempo, consolidándose como un flujo de fondos sostenido.
¿Qué muestra la evolución anual del precio?
La serie histórica permite observar saltos y escalones. Hubo períodos con valores relativamente bajos (por ejemplo, los $500 iniciales), pero también años con aumentos más abruptos, en especial a partir de la última década. En la tabla original se incluyen distintos hitos:
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En 2016, el valor era de $1.050.
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En 2018, se ubicaba en $1.600.
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En 2020, pasó a $3.800.
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En 2022, subió a $5.320.
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En 2024, el salto fue más fuerte: $30.000.
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En 2025, volvió a escalar: $70.000.
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En 2026, alcanzó $180.000.
Más allá de la inflación de cada período, lo que se repite es el desfasaje: en años de inflación alta y en años de inflación relativamente menor, el curso siguió una dinámica propia que terminó “despegándose” de los indicadores generales.
¿Cuál es el marco legal en CABA?
En la Ciudad, el esquema de obligatoriedad se consolidó con cambios normativos en 2018. La Legislatura porteña aprobó la Ley 6.004, que introdujo modificaciones sobre la Ley 4.803. A partir de esa reforma, se estableció que los consorcios deben afrontar la capacitación de sus encargados con una frecuencia cada dos años.
En términos de implementación, el costo se incorpora dentro de los gastos del consorcio, y su impacto se traslada a expensas. La discusión suele aparecer cuando coincide con otros aumentos (salarios, servicios o mantenimiento), porque termina elevando el gasto mensual.
¿Qué establece la normativa en la provincia de Buenos Aires?
En territorio bonaerense, la obligación está asociada a la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC), a partir de la Ley 14.701. En particular, el artículo 9° indica que los administradores deben asegurar la asistencia a cursos de capacitación al menos una vez por año.
Una interpretación relevante es que la obligación no se limita a un subconjunto de trabajadores. Según señaló Marcos Hernández, primer director del RPAC, la exigencia se aplica a todos los trabajadores habituales del consorcio, sin importar su afiliación gremial. En la práctica, esto amplía el universo potencial y vuelve más difícil “reducir” el costo total por vía administrativa.
¿De dónde sale la obligación y quién controla su cumplimiento?
El antecedente político en CABA se remonta a fines de 2013. El 28 de noviembre de 2013, la Legislatura porteña aprobó un proyecto impulsado por Oscar Zago (por entonces legislador del PRO) que establecía que los administradores debían exhortar al personal a concurrir a estas capacitaciones.
La autoridad de aplicación quedó en manos de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad. Ese detalle no es menor: coloca el tema dentro de un marco que, formalmente, se vincula a la protección de los consumidores, es decir, de los consorcistas.
A su vez, la normativa fija una condición sobre quién puede dictar la capacitación. Debe estar a cargo de una institución integrada por representantes de todos los sectores reconocidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Según el texto original, hasta el momento SERACARH sería la única entidad que cumple con esos requisitos, lo que reduce la competencia y concentra la oferta.
¿Qué efectos tiene este aumento en la vida cotidiana de los consorcios?
Cuando un costo se multiplica en poco tiempo, el impacto se ve en dos planos: el micro y el macro. En lo inmediato, los consorcios enfrentan un gasto que puede sumar decenas o cientos de miles de pesos por edificio, según la dotación de personal y el calendario de cursos. En el agregado, el sistema moviliza cifras que superan los miles de millones.
En la práctica, esto suele derivar en preguntas concretas:
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¿Se puede planificar el gasto con anticipación si el precio sube de manera abrupta?
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¿Qué controles existen sobre la estructura de costos del curso?
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¿Qué alternativas tiene un consorcio si el encargado no realiza la capacitación en el año previsto?
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¿Cómo se compatibiliza la obligación con las realidades económicas de los edificios más chicos?
Son interrogantes que se reactivan cada vez que el arancel vuelve a dar un salto, especialmente cuando la inflación esperada o registrada queda muy por debajo.
Un aumento difícil de explicar
El salto del costo del curso del SERACARH en 2026 (de $70.000 a $180.000 por trabajador, un 157% en un año)— no solo desentona con la inflación prevista (19,6%), sino que vuelve difícil sostener que se trata de una simple “actualización” de costos. La película completa refuerza la sospecha: en 2025 ya había subido 133,3%, y en poco más de una década pasó de $500 a una cifra que para muchos consorcios se siente confiscatoria. Con decenas de miles de trabajadores alcanzados y una obligación que, según la jurisdicción, se repite todos los años o cada dos, el resultado es previsible: una recaudación multimillonaria que impacta directo en las expensas.
En ese marco, la pregunta inevitable es qué recibe el consorcista a cambio. Cuando el precio crece a un ritmo propio y no se traduce con claridad en mejoras visibles, estándares más altos o beneficios medibles para la vida cotidiana del edificio, la capacitación empieza a parecer menos una política de profesionalización y más una caja. Un mecanismo de recaudación sostenida, sin competencia y una contraprestación difícil de auditar. Sin transparencia sobre costos, contenido y resultados, el aumento deja de ser un dato técnico y se convierte en un problema de confianza.
⭐ Mariano Zvaigznins es Perito Mercantil egresado de la ESCCP-UBA. Consultor especializado en Propiedad Horizontal. Administrador de consorcios matriculado en CABA. Editor del sitio ConsorciosPH. Titular de Administración RIGA.
